En el ciclo de Encuentros Diplomáticos, dirigido a estudiantes de segundo año, se presentó María Jaraquemada, Oficial de Programa para Chile y el cono sur de América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral – IDEA Internacional -, quien se refirió al concepto de corrupción y el impacto económico y social que tiene en los países. 

En su presentación, explicó que dentro de los efectos que tiene esta acción ilícita está el debilitamiento de la confianza en los gobiernos o instituciones políticas; la desvirtuación de canales legítimos y formales de influencia, como las elecciones; y el hecho que distorsiona la condición igualitaria entre ciudadanos. 

También, los estudiantes conocieron datos sobre el origen de la corrupción con un enfoque en lo que ocurre en América Latina. La especialista explicó que entre las causas están: la legislación desactualizada, la débil institucionalidad, sistemas de administración de justicia y sistemas de partidos políticos y electorales débiles, el acceso deficiente a la información pública y la escasa participación ciudadana. 

De manera más específica, detalló que en pandemia hay riesgos específicos de corrupción: menos transparencia y control en las compras públicas, contrabando por escasez de ciertos bienes, mal uso de recursos o desviación de fondos de beneficios sociales, riesgo de soborno y colusión; entre otros. 

Frente a este panorama, fue interesante conocer los compromisos internacionales que se han desarrollado para enfrentar la corrupción y, también, los informes de recomendaciones de políticas públicas que elaboran organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, la OCDE, el Foro Económico Mundial e IDEA Internacional. 

En la última parte de su presentación, la experta en temas de probidad destacó la importancia de la reacción frente a la corrupción, a través de dos canales: la persecución a los responsables y las reformas institucionales. Recordó el trabajo que desarrolló en Chile la Comisión ENGEL, órgano asesor presidencial establecido en 2015 para proponer políticas contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. 

Fue importante que los futuros diplomáticos y diplomáticas chilenas recibieran capacitación en este tema dada su condición de funcionarios públicos y la necesidad de que se desempeñen con los más altos estándares de probidad.